Estas son las respuestas de Angel respecto a las preguntas que formule sobre el tema de los bancos intervenidos
1. Durante la última semana se intervinieron cuatro (4) entidades bancarias, ¿Qué implicaciones tiene esto para el sistema bancario y financiero del país?, ¿podríamos afirmar que se está gestando una nueva crisis financiera en nuestro país?
No creo que las intervenciones y la situación de los cuatro bancos per se tenga graves implicaciones sobre el resto del sistema bancario y financiero del país: los cuatro bancos juntos pesan menos de un 6% en el activo total de la banca comercial, universal y de desarrollo. Pero, sí creo que la situación de esos bancos refleja en parte lo que esperaríamos de un sistema bancario que enfrenta un escenario recesivo luego de haber vivido una de las bonanzas petroleras más intensas de la historia petrolera venezolana.
En pocas palabras, con respecto a la difícil situación que vive actualmente la banca venezolana, las circunstancias particulares de los cuatro bancos intervenidos representan un efecto, no una causa; no se pueden obviar, sin embargo, los elementos de corrupción y movimientos turbios asociados al manejo del patrimonio bancario y de los depósitos de esos bancos, al igual que los problemas de orden político como el posicionamiento y la disputa entre distintas élites internas del chavismo, etc.
Retornando a lo económico, bajo un escenario de control cambiario queda bastante limitada la posibilidad de convertir los depósitos en bolívares dentro del sistema bancario nacional en depósitos denominados en dólares, y otras divisas, en el exterior. El control cambiario juega el papel de un “corralito” que no opera alrededor de un banco en particular sino alrededor de la banca nacional en su totalidad. Podríamos decir que, muy a pesar de sus efectos perversos sobre la economía real, éste opera positivamente durante crisis bancarias: el control cambiario no es capaz de reducir el riesgo especifico de un banco en particular, pero si el riesgo sistémico común a toda la banca nacional.
Dicho de otro modo, bajo un control de cambios, una corrida en contra de bancos grandes y del sistema bancario nacional en general resulta algo improbable, a menos que el público pasase a preferir el efectivo a los depósitos e inversiones en los bancos lo cual implicaría estar dispuesto a renunciar a la tasa de interés pagada por estos que, aunque negativa, compensa parcialmente la pérdida de valor real del bolívar (i.e. de los depósitos).
Más aún, la banca venezolana posee reservas líquidas primarias (18% del activo o 25% de los depósitos en base monetaria o encaje depositado en el BCV, efectivo y otros) y secundarias también relativamente líquidas y mercadeables bajo la forma de títulos del fisco y del BCV (alrededor del 11% del activo o 16% de los depósitos totales). La morosidad, sin embargo, tal y como ha de esperarse debido al fin de la bonanza e inicio de la recesión, ha aumentado a alrededor del 2.63% del total del crédito otorgado por el conjunto del sistema bancario nacional, lo cual representa 18.3% del patrimonio total. Y, peor aún, es de esperar que aumente substancialmente durante el 2010 debido a la contracción del consumo y la inversión real.
Para que los bancos puedan recapitalizarse (o aumentar su capital en base a ganancias más que a disminuciones de pagos de dividendos) en un escenario recesivo (en el cual la demanda de crédito cae en términos reales) lo siguiente debería ocurrir: (i) una disminución aún mayor de la tasa de encaje legal (de forma tal de substituir reservas primarias que no pagan intereses por reservas secundarias en títulos del Gobierno y el BCV que sí generan un ingreso neto para la banca, por demás, no sujeto a ISLR – es decir, la banca en 2010, además de comprar títulos del fisco adquiribles en base a la inyección neta resultante del déficit fiscal, tendrá que hacerlo también en base a una liberación de reservas asociada a la disminución de la tasa promedio de encaje – esta disminución, tal y como vengo diciendo que ocurriría, ya ocurrió ayer, pero mi expectativa es que vuelva ocurrir nuevamente a mediados del I trimestre de 2010 cuando estacionalmente cae la liquidez);(ii) un aumento del diferencial entre la tasa activa y pasiva dentro de los límites permitidos, acomodado por el BCV que en todo caso tendría que disminuir las tasas pasivas, la tasa promedio anual overnight, sobre letras del tesoro, DPNs y CDs, sin obligar a la banca a reducir su tasa activa en la misma proporción; y (iii) una depreciación cambiaria que, al mejorar los portafolios de muchos deudores, facilite el repago a tiempo de buena parte de los créditos.
Los puntos (i) y (ii), sumados a un conjunto de factores entre los cuales destaca la presión del Gobierno para que los bancos aumenten el crédito al sector manufacturero, la industria y la agricultura (en un escenario en el cual la demanda real de crédito para la producción está estancada por la recesión), conduciría a una mayor presión sobre el tipo de cambio paralelo, puesto que los bancos estarían forzados a aumentar los límites de créditos de las empresas (ellos seguramente no querrán reducir las tasas de interés aún estén) buscando incentivar la colocación del crédito para cumplir con las exigencias del Gobierno. Buena parte del aumento de la demanda y oferta de crédito iría a pagar salarios y materias primas más costosas (i.e. estaría explicada por la inflación salarial y de precios). Pero, con límites de crédito relativamente altos para la demanda crediticia asociada al financiamiento de la producción, una parte no despreciable podría ir a financiar la especulación cambiaria.
Todo indica (la sobrevaluación salarial, la crisis de PDVSA, el fisco y la administración pública) que el ajuste de portafolios será fundamentalmente en precios: en el tipo de cambio paralelo, y posiblemente, también en el oficial (aunque siendo año electoral le asignaría una baja probabilidad a una devaluación oficial). El tipo de cambio afecta los portafolios públicos y privados, la inversión real, la demanda crediticia, y la valoración del patrimonio bancario, buena parte del cual está denominado en divisas (la posición neta en divisas de la banca nacional es positiva).
La presión sobre el balance de los bancos privados se trasladará al balance del BCV y el fisco, puesto que ahora tendrán que remunerar una mayor parte de las reservas de la banca para contribuir a su recapitalización. Pero, al final, la presión sobre el balance del BCV y el resto de la Administración Pública, tendrá que trasladarse al exterior: el ajuste, tarde o temprano, ha de ser en el tipo de cambio paralelo u oficial.
En relación a los cuatro bancos, sus reservas primarias y secundarias a Junio de 2009 alcanzaron respectivamente para: Canarias 24%+19% = 43%, Provivienda 22%+52%=75%, Confederado 24%+46%=70% y bolívar 34%+31%=65%. Y en promedio para los 4 bancos alcanzaron respectivamente 26% (versus 18% el sistema bancario total) y 33% (versus 11% el sistema total); es decir, una media del 59% del activo se encontraba líquido para los 4 bancos versus 29% para la banca nacional en general.
Con un portafolio de activos tan líquidos y préstamos tan problemáticos (parte de los cuales estarían asociados a clientes que no mantienen relaciones de largo plazo con esos bancos, entre otras razones debido al poco tiempo que tienen los mismos en el mercado acumulando información acerca del flujo y capacidad de pago de sus prestatarios, así como debido a los préstamos entre ellos mismos y para negocios turbios con la nueva élite) era normal que con la llegada de la recesión la rentabilidad pasase a ser baja, negativa o en el mejor de los casos insuficiente para cumplir con las reservas de capital sobre crédito exigida por ley.
El problema, queda claro, no es de liquidez sino de solvencia. Para Junio de 2009 las carteras con problemas alcanzaron respectivamente para: Canarias 2.8% del total (o 15.9% del patrimonio), Provivienda 5.1% del total (o 17.7% del patrimonio), Confederado 3.1% del total (o 7.3% del patrimonio) y bolívar 12.5% del total (o 46.4% del patrimonio). Mientras el promedio para los cuatro bancos fue 5.1% del crédito total o 20.9% del patrimonio, lo cual superaba la morosidad promedio del sistema bancario nacional para la fecha que en su conjunto alcanzó 2.63% del total (o 14.3% del patrimonio).
No creo que las intervenciones y la situación de los cuatro bancos per se tenga graves implicaciones sobre el resto del sistema bancario y financiero del país: los cuatro bancos juntos pesan menos de un 6% en el activo total de la banca comercial, universal y de desarrollo. Pero, sí creo que la situación de esos bancos refleja en parte lo que esperaríamos de un sistema bancario que enfrenta un escenario recesivo luego de haber vivido una de las bonanzas petroleras más intensas de la historia petrolera venezolana.
En pocas palabras, con respecto a la difícil situación que vive actualmente la banca venezolana, las circunstancias particulares de los cuatro bancos intervenidos representan un efecto, no una causa; no se pueden obviar, sin embargo, los elementos de corrupción y movimientos turbios asociados al manejo del patrimonio bancario y de los depósitos de esos bancos, al igual que los problemas de orden político como el posicionamiento y la disputa entre distintas élites internas del chavismo, etc.
Retornando a lo económico, bajo un escenario de control cambiario queda bastante limitada la posibilidad de convertir los depósitos en bolívares dentro del sistema bancario nacional en depósitos denominados en dólares, y otras divisas, en el exterior. El control cambiario juega el papel de un “corralito” que no opera alrededor de un banco en particular sino alrededor de la banca nacional en su totalidad. Podríamos decir que, muy a pesar de sus efectos perversos sobre la economía real, éste opera positivamente durante crisis bancarias: el control cambiario no es capaz de reducir el riesgo especifico de un banco en particular, pero si el riesgo sistémico común a toda la banca nacional.
Dicho de otro modo, bajo un control de cambios, una corrida en contra de bancos grandes y del sistema bancario nacional en general resulta algo improbable, a menos que el público pasase a preferir el efectivo a los depósitos e inversiones en los bancos lo cual implicaría estar dispuesto a renunciar a la tasa de interés pagada por estos que, aunque negativa, compensa parcialmente la pérdida de valor real del bolívar (i.e. de los depósitos).
Más aún, la banca venezolana posee reservas líquidas primarias (18% del activo o 25% de los depósitos en base monetaria o encaje depositado en el BCV, efectivo y otros) y secundarias también relativamente líquidas y mercadeables bajo la forma de títulos del fisco y del BCV (alrededor del 11% del activo o 16% de los depósitos totales). La morosidad, sin embargo, tal y como ha de esperarse debido al fin de la bonanza e inicio de la recesión, ha aumentado a alrededor del 2.63% del total del crédito otorgado por el conjunto del sistema bancario nacional, lo cual representa 18.3% del patrimonio total. Y, peor aún, es de esperar que aumente substancialmente durante el 2010 debido a la contracción del consumo y la inversión real.
Para que los bancos puedan recapitalizarse (o aumentar su capital en base a ganancias más que a disminuciones de pagos de dividendos) en un escenario recesivo (en el cual la demanda de crédito cae en términos reales) lo siguiente debería ocurrir: (i) una disminución aún mayor de la tasa de encaje legal (de forma tal de substituir reservas primarias que no pagan intereses por reservas secundarias en títulos del Gobierno y el BCV que sí generan un ingreso neto para la banca, por demás, no sujeto a ISLR – es decir, la banca en 2010, además de comprar títulos del fisco adquiribles en base a la inyección neta resultante del déficit fiscal, tendrá que hacerlo también en base a una liberación de reservas asociada a la disminución de la tasa promedio de encaje – esta disminución, tal y como vengo diciendo que ocurriría, ya ocurrió ayer, pero mi expectativa es que vuelva ocurrir nuevamente a mediados del I trimestre de 2010 cuando estacionalmente cae la liquidez);(ii) un aumento del diferencial entre la tasa activa y pasiva dentro de los límites permitidos, acomodado por el BCV que en todo caso tendría que disminuir las tasas pasivas, la tasa promedio anual overnight, sobre letras del tesoro, DPNs y CDs, sin obligar a la banca a reducir su tasa activa en la misma proporción; y (iii) una depreciación cambiaria que, al mejorar los portafolios de muchos deudores, facilite el repago a tiempo de buena parte de los créditos.
Los puntos (i) y (ii), sumados a un conjunto de factores entre los cuales destaca la presión del Gobierno para que los bancos aumenten el crédito al sector manufacturero, la industria y la agricultura (en un escenario en el cual la demanda real de crédito para la producción está estancada por la recesión), conduciría a una mayor presión sobre el tipo de cambio paralelo, puesto que los bancos estarían forzados a aumentar los límites de créditos de las empresas (ellos seguramente no querrán reducir las tasas de interés aún estén) buscando incentivar la colocación del crédito para cumplir con las exigencias del Gobierno. Buena parte del aumento de la demanda y oferta de crédito iría a pagar salarios y materias primas más costosas (i.e. estaría explicada por la inflación salarial y de precios). Pero, con límites de crédito relativamente altos para la demanda crediticia asociada al financiamiento de la producción, una parte no despreciable podría ir a financiar la especulación cambiaria.
Todo indica (la sobrevaluación salarial, la crisis de PDVSA, el fisco y la administración pública) que el ajuste de portafolios será fundamentalmente en precios: en el tipo de cambio paralelo, y posiblemente, también en el oficial (aunque siendo año electoral le asignaría una baja probabilidad a una devaluación oficial). El tipo de cambio afecta los portafolios públicos y privados, la inversión real, la demanda crediticia, y la valoración del patrimonio bancario, buena parte del cual está denominado en divisas (la posición neta en divisas de la banca nacional es positiva).
La presión sobre el balance de los bancos privados se trasladará al balance del BCV y el fisco, puesto que ahora tendrán que remunerar una mayor parte de las reservas de la banca para contribuir a su recapitalización. Pero, al final, la presión sobre el balance del BCV y el resto de la Administración Pública, tendrá que trasladarse al exterior: el ajuste, tarde o temprano, ha de ser en el tipo de cambio paralelo u oficial.
En relación a los cuatro bancos, sus reservas primarias y secundarias a Junio de 2009 alcanzaron respectivamente para: Canarias 24%+19% = 43%, Provivienda 22%+52%=75%, Confederado 24%+46%=70% y bolívar 34%+31%=65%. Y en promedio para los 4 bancos alcanzaron respectivamente 26% (versus 18% el sistema bancario total) y 33% (versus 11% el sistema total); es decir, una media del 59% del activo se encontraba líquido para los 4 bancos versus 29% para la banca nacional en general.
Con un portafolio de activos tan líquidos y préstamos tan problemáticos (parte de los cuales estarían asociados a clientes que no mantienen relaciones de largo plazo con esos bancos, entre otras razones debido al poco tiempo que tienen los mismos en el mercado acumulando información acerca del flujo y capacidad de pago de sus prestatarios, así como debido a los préstamos entre ellos mismos y para negocios turbios con la nueva élite) era normal que con la llegada de la recesión la rentabilidad pasase a ser baja, negativa o en el mejor de los casos insuficiente para cumplir con las reservas de capital sobre crédito exigida por ley.
El problema, queda claro, no es de liquidez sino de solvencia. Para Junio de 2009 las carteras con problemas alcanzaron respectivamente para: Canarias 2.8% del total (o 15.9% del patrimonio), Provivienda 5.1% del total (o 17.7% del patrimonio), Confederado 3.1% del total (o 7.3% del patrimonio) y bolívar 12.5% del total (o 46.4% del patrimonio). Mientras el promedio para los cuatro bancos fue 5.1% del crédito total o 20.9% del patrimonio, lo cual superaba la morosidad promedio del sistema bancario nacional para la fecha que en su conjunto alcanzó 2.63% del total (o 14.3% del patrimonio).
2. Con la coyuntura de los 4 bancos intervenidos, el Presidente de la República afirmó en su programa dominical que no tendría problemas de nacionalizar la banca, en este sentido, ¿estarían dadas las condiciones para nacionalizar la banca en Venezuela?
Teóricamente, las condiciones para nacionalizar la banca siempre están dadas, aunque las condiciones prácticas no lo están.
Los bancos transforman activos riesgosos, no mercadeables e ilíquidos basados en el crédito personal en depósitos seguros, mercadeables y líquidos que son percibidos socialmente como dinero. Pero lo pueden hacer únicamente porque cuentan con reservas de dinero público o dinero del Estado (base monetaria y títulos del fisco y el BCV), garantías gubernamentales sobre depósitos y pasivos (FOGADE), participan en redes interbancarias donde socializan gran parte de sus riesgos, cuentan con la asistencia del fisco o la banca central como prestamistas de última instancia, e invierten capital en el negocio. Por ello pueden ganar dinero, al pagar una tasa de interés sobre depósitos (seguros) inferior a la tasa de interés sobre créditos (riesgosos). Los bancos crean dinero, pero sólo porque cuentan con el apoyo del Estado.
En fin, teóricamente, las condiciones siempre están dadas: históricamente, la banca nació, y se ha sostenido, en base al apoyo del Estado que le permite crear dinero a cambio de que ésta transfiera los impuestos del público a la banca central o al propio fisco, de forma tal de garantizar la circulación de la moneda nacional.
El problema práctico, no obstante, es el del capital humano, no el financiero. El Gobierno venezolano no cuenta con personal capacitado para mantener un sistema bancario rentable y saludable (que dirija el crédito bancario hacia aquellos sectores capaces de repagar y desarrollar actividades industriales y comerciales rentables), aunque dada su capacidad de imprimir dinero puede mantener a la banca aún no rente (e.g. al BIV y otros), al costo de un ajuste en el tipo de cambio y, dada nuestra dependencia de las importaciones, finalmente también de la tasa de inflación.
El negocio de la banca implica establecer relaciones de largo plazo para acumular información sobre la capacidad de pago de los prestatarios y, por tanto, requiere de una gerencia o administración que esté capacitada para ello.
Teóricamente, las condiciones para nacionalizar la banca siempre están dadas, aunque las condiciones prácticas no lo están.
Los bancos transforman activos riesgosos, no mercadeables e ilíquidos basados en el crédito personal en depósitos seguros, mercadeables y líquidos que son percibidos socialmente como dinero. Pero lo pueden hacer únicamente porque cuentan con reservas de dinero público o dinero del Estado (base monetaria y títulos del fisco y el BCV), garantías gubernamentales sobre depósitos y pasivos (FOGADE), participan en redes interbancarias donde socializan gran parte de sus riesgos, cuentan con la asistencia del fisco o la banca central como prestamistas de última instancia, e invierten capital en el negocio. Por ello pueden ganar dinero, al pagar una tasa de interés sobre depósitos (seguros) inferior a la tasa de interés sobre créditos (riesgosos). Los bancos crean dinero, pero sólo porque cuentan con el apoyo del Estado.
En fin, teóricamente, las condiciones siempre están dadas: históricamente, la banca nació, y se ha sostenido, en base al apoyo del Estado que le permite crear dinero a cambio de que ésta transfiera los impuestos del público a la banca central o al propio fisco, de forma tal de garantizar la circulación de la moneda nacional.
El problema práctico, no obstante, es el del capital humano, no el financiero. El Gobierno venezolano no cuenta con personal capacitado para mantener un sistema bancario rentable y saludable (que dirija el crédito bancario hacia aquellos sectores capaces de repagar y desarrollar actividades industriales y comerciales rentables), aunque dada su capacidad de imprimir dinero puede mantener a la banca aún no rente (e.g. al BIV y otros), al costo de un ajuste en el tipo de cambio y, dada nuestra dependencia de las importaciones, finalmente también de la tasa de inflación.
El negocio de la banca implica establecer relaciones de largo plazo para acumular información sobre la capacidad de pago de los prestatarios y, por tanto, requiere de una gerencia o administración que esté capacitada para ello.
El Gobierno no requiere estatizar la banca. Basta con estatizar un par de bancos e intervenir algunos de tanto en tanto para que la amenaza de poder estatizar a otros pase a ser creíble. El temor de ser estatizado (de perder la propiedad y el flujo de ganancias potenciales a futuro) es suficiente para disciplinar a los banqueros. Claro que la coerción gubernamental, repito, de tanto en tanto, es necesaria para refrescar su memoria y hacer efectiva tal disciplina. Lo que sí es cierto es que, corresponde a la banca central y al Gobierno nacional garantizar la estabilidad financiera, lo cual implica en los actuales momentos un ajuste de los portafolios privados, a mi juicio, en base a un aumento del tipo de cambio.
3. ¿Qué implicaciones económicas tendría una eventual nacionalización de la banca en nuestro país?
Conduciría (no únicamente pero sí fundamentalmente) a una pérdida de rentabilidad y aumento del riesgo de la banca nacional, lo cual implicaría una mayor tasa de inflación debido a la presión que sobre el tipo de cambio generaría la necesidad frecuente de recapitalizar a la banca en base a inyecciones monetarias (aportes de capital financiados por el fisco o el BCV – no es casual, por tanto, la reforma reciente de la Ley del BCV).
Tal y como ocurriría en el caso en el cual se socializa perfectamente la propiedad por medio de tenencias atomizadas de acciones bancarias en los mercados bursátiles, una estatización completa de la banca nacional representaría una socialización plena del capital bancario. Por tanto, implicaría que ni la gerencia ni la directiva responderían a nadie en particular, sino al Gobierno nacional como representante de la sociedad (i.e. de la banca nacional). Bajo tales circunstancias, los incentivos para limitar el riesgo y aumentar la rentabilidad financiera no estarían alineados con los incentivos de la gerencia y la directiva, pues estos se verían estimulados a fomentar esquemas de comisiones (i.e. de corrupción asociada al otorgamiento de créditos) que lógicamente estarían totalmente divorciados de la capacidad de pago de los deudores.
Lo anterior (la falta de interés de la gerencia y directiva pública en reducir el riesgo y aumentar la rentabilidad) no ocurre en el caso de la banca privada con propiedad concentrada, caso en el cual los dueños no tienen incentivos para fijarse comisiones independientes de la capacidad de pago de los deudores, pues son ellos mismos quienes son receptores de las ganancias o ingresos residuales (i.e. a ellos les interesa que el banco reduzca el riesgo de pérdidas crediticias y aumente sus ganancias). Más aún, en el caso de una banca bastante socializada vía mercados bursátiles (propiedad atomizada) siempre existe la posibilidad de disciplinar a la gerencia (alinear los incentivos a favor de un mayor rendimiento y menor riesgo – como podría estar ocurriendo actualmente en el mundo desarrollado a raíz de la crisis financiera) toda vez que los bancos que no estén haciendo crecer su patrimonio pueden ser comprados por otros bancos por la vía bursátil, generándose la posibilidad de substituir a la antigua gerencia.
Es decir, la banca estatizada representa el diseño institucional más proclive a la desalineación de incentivos; es decir, más propenso a la caída de la rentabilidad y al aumento del riesgo crediticio genérico, riesgo que, por demás, con frecuencia tendría que ser socializado (para garantizar la recapitalización bancaria – e.g. del BIV) al costo de un aumento periódico del tipo de cambio y, por tanto, de la tasa de inflación. La sociedad pagaría el costo de tener un esquema bancario estatizado con mayores impuestos e inflación.
